Crónica del Brasil obsceno y de un golpe anunciado

Dilma (1)

 La oposición socialdemócrata se suma a los intentos de golpe de Estado en Brasil. Los amigos del “progresismo” chileno, en particular de Ricardo Lagos, llaman abiertamente a ponerle término al régimen institucional. El corresponsal Frederico Füllgraf nos entrega un informe esclarecedor. La democracia está en peligro, no sólo en Brasil…

Frederico Füllgraf – Foreign Correspondent – Santiago de Chile

Brasil vive días dramáticos. El último domingo, 16 de agosto, se realizó otra marcha más contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

No es sorpresa que los titulares de la prensa mundial la describan como “protesta social”, pues citan como fuentes a los desdichados titulares de los medios mainstream brasileños y a las bolsas de valores, que el año 2003, cuando el ex obrero metalúrgico Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), asumió el gobierno por primera vez, dieron inicio, no a un bienvenido y necesario periodismo crítico, sino a una pauta negativa y a una sistemática deconstrucción del poder, que a lo largo de trece años pareciera definir a los medios más influyentes – TV Globo, revista Veja y los diarios O Globo, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo – como el más cohesionado y poderoso “partido político” de una oposición que se presentaba fragmentada.

La marcha del 16 de agosto fue aclamada por el senador opositor Aécio Neves – candidato conservador del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) derrotado por Rousseff el 26 de octubre de 2014 – que al día siguiente anunció que no daría tregua hasta “desangrar” a su contrincante.

Es llamativo que en estos siete meses de incansables maniobras para desestabilizar al segundo mandato de Dilma Rousseff, el PSDB fundado por el entonces sociólogo exiliado en el Chile de Salvador Allende, ex presidente (1995-2003) y hoy mentor del pensamiento político ultra-liberal, Fernando Henrique Cardoso, no se haya distanciado, sino usado en las marchas a grupos de extrema-derecha con tintes fascistas, que infiltraron las protestas de junio de 2013, con la consigna, no sólo de la deposición de la presidenta, sino de una “intervención militar” y de “¡Muerte al PT!”

Una vez más los titulares de los medios opositores hablarán de una “crisis económica”, pero lo que se ha instigado en el país más grande de América Latina es una gravísima crisis política, cuyos ingredientes son encuestas con preguntas sugerentes estratégicamente diseñadas para mostrar un supuesto rechazo a la presidenta Dilma Rousseff de casi un 71%, una embestida ultra-conservadora en el Congreso electo en 2014 y, finalmente, el odio de la clase media y la elite, en cuyos closets pareciera haber invernado su avatar de insospechada vocación fascista.

De los diarios y las pantallas, la cruzada del odio en las calles

Coordinados por internet, grupos subversivos como “Revoltados online”, “Vem para rua” (“ven a la calle”) y “Movimento Brasil Livre”, fueron entrenados para operativos de bullying político – “golpear al PT” – de los que han sido víctimas ciudadanos comunes, el ex ministro Guido Mantega (agredido en un restaurant), la presidenta, el ex presidente Lula y su Instituto, homónimo, en São Paulo, que a fines de julio fue blanco de un atentado con bomba.

Entre los financistas comprobados de dichos grupos están las fundaciones Charles Koch y David H. Koch Charitable Foundation (“Estudiantes por la Libertad”), y los institutos Cato, Liberal y Ludwig von Mises, todos comprometidos con una agenda ultra-liberal en pro del “Estado mínimo”, privatizaciones radicales, desregulación de derechos laborales y plegarias mesiánicas en torno al mercado como un ente que levita sobre las instituciones y que lo justifica todo.

Sin embargo, la embestida cavernícola se debe al silencio de los partidos de oposición y a la impunidad del “héroe” de los grupos violentistas en la Cámara de Diputados: el ex capitán del ejército y diputado Jair Bolsonaro, que el 10 de diciembre de 2014 – Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH) – agredió a la diputada del PT y ex ministra de DDHH, María do Rosário, con palabras agresivas e inadmisibles: “¡Ya te dije una vez que no te violo porque no te lo mereces!”

Vocero del mundillo “law & order”, que le entregó 400.000 votos en los comicios de 2014, Bolsonaro es el embanderado del odio. Odio a médicos cubanos (contratados por el sector público, acusados como “agentes castristas infiltrados”); odio a homosexuales (denunciados como “anormales”); odio contra refugiados de Haití (“guerrilleros infiltrados”); odio misógino a las mujeres.

En síntesis: odio a la humanización de un país que intenta liberarse del machismo, la truculencia, la corrupción congénita y otros arcaísmos incompatibles con el Estado Democrático de Derecho.

La diputada agredida presentó una denuncia criminal en la Corte Suprema (STF), el Consejo de Ética de la Cámara encausó a Bolsonaro y la Vice-Fiscal General de la República, Ela Wiecko de Castilho, lo denunció por el delito de incitar a la violación.

La investigación la conduce el ministro Luiz Fux, que en siete meses se limitó a notificarlo, nada más. Impune, el ex militar colecciona decenas de querellas por injuria, difamación, amenazas y agresión, pero la complicidad pasiva del parlamento y la inercia de la Justicia han estimulado su impunidad y la descarada embestida de sus acólitos en las calles.

“The house of Cunha”: lumpen-evangelismo y templo del negocio sucio

Trama paralela en la cámara baja del Congreso.

Imagínese el lector chileno que, a tres meses de iniciarse la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, en Valparaíso, a su presidente no se le ocurra gestión más descabellada que aprobar nada menos que la construcción de un “shopping center” exclusivo para el deleite de los congresistas, con un costo estimado en 700 millones de dólares.

O de cobrar al Ejecutivo una “amnistía” de las multas fiscales acumuladas por las iglesias pentecostales, que suman 100 millones de dólares. Presionada, la presidenta consintió el perdón millonario con la “medida provisoria” 668, luego alzada a ley 13.137, y publicada en el Diario Oficial de la Unión.

Meses antes, el Senado aprobó una medida provisoria que determinaba otra “amnistía”.

Aquella vez, para las empresas del mercado de la salud privada, que le deben multas con el monto escalofriante de 800 millones de dólares al Fisco, pero que han puesto platas para el financiamiento de campañas políticas de decenas de diputados y senadores. Indignada, la presidenta Rousseff vetó la proposición indecente, sin embargo endosada por la misma Agencia Nacional de Salud, subordinada al Ejecutivo.

“Con amigos así, ¡para qué quieres enemigos!”, dice un refrán brasileño.

Su Excelencia, el presidente de la Cámara de Diputados en Brasilia, se llama Eduardo Cunha. Pertenece al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), agrupación aliada del PT desde 2003, con Michel Temer titular de la vicepresidencia de la Nación.

Cunha es un evangélico fundamentalista que ha desafiado al Estado Laico al instituir el rito de “oraciones colectivas” de la bancada pentecostal en la Cámara, en donde sus 76 diputados de afiliación partidaria transversal se constituyen en el “tercer partido”, superado apenas por el PT (89) y el PMDB (82).

Este frente conservador – caricaturizado como la “Bancada BBB: biblia, balacera y bueyes”, porque suele aliarse con los latifundistas – suele articularse rabiosamente contra pautas como la equidad racial y de género, el derecho al aborto, y sobretodo al matrimonio gay, defendiendo la criminalización de homosexuales y el castigo físico de padres y madres contra niños y niñas.

En 2012, la policía y bandas criminales mataron a 30 mil jóvenes brasileños, 77% de los cuales eran negros. El genocidio es espeluznante y no aparece en los medios: en 2015, cada día son asesinados 82 jóvenes en Brasil. Una tragedia que no tiene solución policial, sino de prevención social y psicológica.

Pero el enfoque de la bancada evangélica es la truculencia: acaba de aprobar la reducción de la edad penal mínima de 18 a 16 años, justificando el combate a la criminalidad juvenil con balaceras y arrestos en penitenciarias y cárceles, que son las verdaderas escuelas del crimen.

Así las cosas, en el Congreso el gobierno Rousseff viene acumulando derrota tras derrota.

Pero de repente he aquí a Cunha acusado por un delator del “Operativo Lava Jato (Lavado de Chorro)”, que desde mediados de 2014 investiga el escándalo de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobrás, y que ha arrestado a una veintena de ejecutivos de grandes empresas y encausado a 47 parlamentarios de cinco partidos políticos diferentes, entre los cuales hay cinco del PT.

En el interrogatorio filmado, luego filtrado a los medios, difundido por la TV y en internet, el lobista Julio Camargo, que operaba como intermediario entre empresas contratistas y la petrolera, juró ante el juez Sergio Moro que le entregó 5 millones de dólares a Cunha para, supuestamente, financiar su campaña política o metérselos en el bolsillo. Es más, que al demorarse con el pago, fue victima de acoso por enviados del parlamentario, con amenazas del más genuino modus operandi de la Mafia.

Sólo entonces algunos medios se acordaron que, entre otras acusaciones, Cunha está enjuiciado en 20 procesos por improbidad administrativa, pero ninguno preguntó, cómo es posible que un parlamentario con tal prontuario haya burlado el monitoreo de la transparencia y logrado su elección.

Acto seguido, el presidente de la Cámara, que ya obstruía los proyectos del Ejecutivo, declaró su rompimiento con la presidenta Rousseff, atribuyéndole su delación como acto de “venganza” y como “maniobra política” del Fiscal General Rodrigo Janot.

No satisfecho, al iniciarse el mes de agosto, Cunha acogió dos de los once pedidos de impeachment de la presidenta, protocolados por el Senador Aécio Neves. Lo que suscitó desconfianza hasta en la prensa estadounidense, en donde el Washington Post (29/5/2015) se preguntó “Does Brazil’s new speaker of the lower house want the government to fall?” (¿Quiere el nuevo vocero de la cámara baja derrocar al gobierno?).

Por eso, explicar lo que sucede en Brasil, mi país, suele recordar tramas de las películas policiales de segunda categoría hollywoodenses – un grosero mix de los “Escritos de un Viejo Indecente” (Bukowski), “Cinco Asesinos” (Chandler) y una pizca de “El Nombre de la Rosa”, de Eco, porque es en sótanos mugrientos que se mueven los personajes siniestros de la narrativa, pero es en “House of Cards”, de Michael Dobbs, donde se refleja el Führer del congresismo brasileño.

La fiscalía tuerta y el golpe anunciado

Pero ¿por qué derrocar a Dilma Rousseff?, se preguntará el lector.
En su edición del 23 de octubre de 2014 – edición anticipada en dos días, para así influenciar la segunda vuelta de la elección – la revista “Veja”, del grupo editorial Abril, acusaba a Rousseff y a su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el titular: “Ellos lo sabían todo”.

Para buen entendedor: que Rousseff y Lula no solo habían ocultado la corrupción en Petrobras, sino que habían sido elegidos con fondos originarios de coimas criminales, pagadas al gobiernista PT – Partido de los Trabajadores– por poderosas empresas contratistas.

Empero, pocos días después, la acusación fue desmentida como grosero montaje por el mismo abogado del supuesto delator, y la revista fue procesada por alevosía. La inocencia de Rousseff está afianzada por el Fiscal General, Rodrigo Janot, y hasta Fernando H. Cardoso se apresuró en confirmarle a la presidenta su perfil de “persona honrada”.

Pero esta no es la postura de los fiscales ideológicos de Janot, ni mucho menos de los ministros de la Suprema Corte.

Juristas independientes alertan que el operativo “Lavado de Chorros” ya no es más una investigación judicial sino un operativo político, con delaciones recompensadas, sin pruebas consistentes, filtraciones sistemáticas a medios de comunicación conservadores y – colmo de la audacia – con fiscales del Ministerio Publico Federal actuando como agitadores políticos en redes sociales e iglesias pentecostales, instando a la población incauta para “derrocar a este gobierno izquierdista”.

Un operativo político que hace la vista gorda frente a escándalos criminales como el “Caso Zelotes” – una maniobra de evasión fiscal estimada preliminarmente en más de 6 mil millones de dólares (tres veces el monto de Lavado de Chorros), en que están encausadas 70 empresas (entre ellas Ford, Mitsubishi y los bancos Santander y Safra) y el “Partido Progresista”(PP), pero que hace años dormita “encajonado” en la fiscalía y la Corte Suprema.

No habiendo sido posible probar ninguna complicidad de Dilma Rousseff con el escándalo contratista-petrolero, ahora se la acusa de “pedaleo fiscal”, jerga de economistas, según la cual en 2014 el gobierno supuestamente gastó más de lo que estaba autorizado.

Una grotesca falacia del TCU, Tribunal de Cuentas de la Unión que, primero, no auditaba las cuentas de gobiernos anteriores desde el año 2002 y que – aberración y sorpresa – tiene entre sus implicados a dos jueces denunciados en el escándalo petrolero como receptores de millonarias propinas; entre ellos el presidente de la Corte, Aroldo Cedraz, un ex diputado del ultra-derechista “Partido los Demócratas” (DEM).

En una entrevista al diario “Folha de Sao Paulo” (1/3/2015), el eminente economista y politólogo Luiz Carlos Bresser Pereira advirtió un grotesco sentimiento de “odio colectivo” de los ricos hacia el PT y el gobierno de Dilma Rousseff, debido al tremendo esfuerzo de la mandataria y su precursor, el ex presidente Lula, en políticas de inclusión social inéditas en los 500 años de existencia del país.

El diagnóstico podría escucharse como publicidad tramposa de un gobiernista, pero ocurre que Bresser Pereira no es del PT, sino ex ministro de Hacienda del ayer teórico de la “dependencia”, pero hoy opositor y ultra-liberal Fernando Henrique Cardoso.

El odio colectivo señalado por el profesor se dirige a los 36 millones de brasileños sacados de la extrema pobreza con los programas “Brasil Sin Miseria” y “Bolsa (beca) Familia”.

Así las cosas, el “crimen” de Rousseff y de su predecesor consiste en que su modestísimo proyecto de desarrollo redistributivo atentó contra el script de la nueva derecha rentista, insatisfecha con la tasa de intereses, la lógica de la deuda pública indexada, el control de la infraestructura por la vía de concesiones y el control sobre el archi-billonario negocio petrolero.

De todos modos, en Brasil se agotó el ciclo del neo-desarrollismo lulista. O Rousseff encara al desafío con una reforma ministerial, torciendo hacia la izquierda, o será rehén de los mercados.

Si cae Dilma Rousseff, cambiará radicalmente el mapa geopolítico latinoamericano y posiblemente el mapa mundi diseñado a duras penas por los BRICS.


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