La Operación Estorbo contra Venezuela

 

 

Por: El Siglo

Parlamentarios y dirigentes políticos chilenos llegarán a vigilar y emitir juicios sobre el proceso interno del país latinoamericano. Activan acciones en contra del Gobierno venezolano en coordinación con grupos de otros países.

Un grupo de parlamentarios democratacristianos, socialdemócratas y de derecha de Chile, Uruguay y Argentina, viajarán a Venezuela el 6 de diciembre, para montar un informal y extra-institucional sistema de vigilancia del proceso electoral interno venezolano. A ellos se sumarán legisladores conservadores de Estados Unidos que ya firmaron una carta junto a colegas latinoamericanos exigiendo al Gobierno de Nicolás Maduro que acepte “la observación” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) de los comicios venezolanos.

En el caso de Chile, el plan es promovido por personeros de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia, principalmente, que son reconocidos críticos del proceso político bolivariano que se desarrolla en Venezuela. Esos parlamentarios consiguieron una resolución del Congreso para que viajen senadores y diputados de todas las colectividades, pero la idea central es que lleguen a Caracas y otras ciudades aquellos que son, desde Chile, opositores a la administración de Maduro.

Junto a los chilenos de la DC y el PPD -aunque se podrían integrar de otros partidos- que viajarán a Venezuela a vigilar las elecciones, irán representantes del conservador partido Propuesta Republicana (PRO), ligado a la derecha que lidera Mauricio Macri, recién elegido Presidente de Argentina, y de organizaciones de centro y de derecha de Uruguay. También serán parte de ese grupo congresistas de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos y de otras organizaciones de la derecha de América Latina.

Todos serán recibidos, asesorados y protegidos por la coalición derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Una idea central es visitar, sin autorización ni mandato oficial, mesas de votación, zonas urbanas y rurales y medios de prensa, para denunciar un supuesto fraude electoral, expresar cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y seguir con las críticas al Gobierno de Maduro. Representantes de la DC, el PPD, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), trabajarán el 6 de diciembre y probablemente días después con el derechista MUD y otros partidos conservadores y de la derecha del continente.

El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), reconoció que fueron “invitados” a supervisar la elección interna venezolana “principalmente por la oposición” de derecha y atribuyó un rol de los legisladores chilenos en el proceso de ese país: “Es importante estar para que se generen los incentivos para que haya una elección respetuosa y no tengamos reclamos posteriores”.

Esa acción se suma a la firma de personeros de colectividades como la DC y de otros partidos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos que exigieron al gobierno venezolano que los comicios del próximo mes sean vigilados por representantes de la OEA y la UE. La teoría es que esos organismos extranjeros permitirían “que todos los venezolanos tengan el mayor grado de confianza en la integridad del proceso y de los resultados electorales que éste genere”. Esto le daría a la OEA y la UE un poder por sobre las instituciones venezolanas.

Respecto a estas situaciones, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, dijo que se trata de “una falta de respeto y un burdo intervencionismo” en asuntos internos de Venezuela. Añadió que “resulta incoherente que legisladores de Estados Unidos y Chile, países que no aceptan observación electoral en sus propios comicios, le exijan a otra nación que invite a quienes, por lo demás, no juegan un papel imparcial, pues permanentemente han demostrado haber tomado la posición de la derecha internacional”.
La intromisión de la Corte Suprema chilena

En este marco, la Corte Suprema de Chile, en un dictamen inédito y condenado por distintos sectores políticos, académicos y juristas, estableció que el Gobierno chileno debe recurrir a la OEA para que ese organismo visite y revise las condiciones carcelarias de los dirigentes derechistas Leopoldo López y Daniel Ceballos, procesados y condenados por la Justicia venezolana por instigar a la violencia y efectuar acciones de desestabilización del Gobierno constitucional.

La Tercera Sala del máximo tribunal judicial chileno emitió la resolución con el voto de los jueces Pedro Pierry, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama, y el voto en contra de las juezas Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval. No está clara la motivación o el origen que llevó a esos magistrados a meterse en un tema venezolano, pero llamó la atención que emitieran su resolución a menos de un mes de las elecciones parlamentarias en Venezuela.

Hay que considerar que la Corte Suprema trató el asunto debido a una gestión de un ciudadano estadounidense, John Benedict, y de la ciudadana chilena María Villegas, quienes interpusieron el trámite para que se pidiera la gestión de la OEA, ambos identificados con la derecha de Venezuela.

El diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo sobre esta decisión que “es un fallo que avergonzará a Chile a nivel internacional”, porque supone que el Estado sea parte de una operación política que buscaría desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.

Todo esto se trataría de una verdadera Operación Estorbo, destinada a interferir en la elección parlamentaria de Venezuela y golpear al Gobierno constitucional de ese país.
El respaldo al golpe de Estado contra Gobierno de Venezuela

En Chile hay precedentes graves, como cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se emitió una declaración de respaldo a las fuerzas derechistas y sediciosas que dieron un golpe de Estado para derrocar al entonces Presidente Hugo Chávez. En esa oportunidad, en referencia a la administración chavista, el texto oficial de Chile señaló en una de sus partes que “el gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”. En ese entonces, a cargo de la política exterior chilena estaba la democratacristiana y antichavista, Soledad Alvear.

Cuando Chávez fue rescatado por la acción de las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado se abortó por la movilización del pueblo venezolano, Lagos y Alvear dieron marcha atrás y atribuyeron la responsabilidad de la declaración justificando la asonada militar, al embajador chileno, Marcos Álvarez. Sin embargo, tiempo después, el diplomático explicó que “a mí no me llamaron ni me consultaron para este tipo de reacción. Es exclusivamente responsable la Cancillería…”, que estaba a cargo de Alvear. Añadió que “a mí me cargaron este muertito y nunca me lo he podido sacar. Ya lo había superado, pero de nuevo viene esta especie de amargura y los errores me los cargan a mí”.

El Presidente Chávez diría que “cuando fue el golpe de Estado, el gobierno (chileno) emitió un comunicado apoyando prácticamente el golpe. Yo me quedé callado. Reventó la cuerda por lo más delgado: sacaron al embajador. El fue a despedirse, yo lo recibí, y casi llorando me dijo: ‘Yo soy inocente, cumplí instrucciones, me están sacrificando a mí’”.

En los últimos meses se produjeron situaciones que acentuaron las preocupaciones por la injerencia extranjera en Venezuela. El general John Kelly, del Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos, reconoció que un avión de combate de ese país violó el espacio aéreo venezolano y se movió por espacio aéreo de Venezuela durante 3 minutos violando el territorio nacional.

También se conoció, gracias a documentación proporcionada por Edward Snowden, ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que esa entidad junto a la Central de Inteligencia Americana (CIA), espiaron a unos 10 mil empleados de Petróleos de Venezuela.

Varios analistas y académicos han denunciado que en este cuadro de elección parlamentaria se deben considerar datos como que la Fundación Nacional para la Democracia (FND) estadounidense entregó entre 2014 y 2015 unos 3 millones de dólares a organizaciones de la oposición venezolana. La idea principal fue apoyar campañas comunicacionales. También se denunció en estas semanas que la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, incluyó presupuesto para partidos de derecha de Venezuela.

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el jueves al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que cese “sus intenciones intervencionistas” luego de que el funcionario calificara de “problemática” la situación venezolana. “Secretario @JohnKerry cese sus intenciones intervencionistas en nuestro país, inadmisibles y violatorias del Derecho Internacional”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores vía Twitter.
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