Disidentes de FARC-EP perderán beneficios, afirma Gobierno colombiano

PL en Bogotá. El Gobierno colombiano aclaró hoy que los llamados disidentes de las FARC-EP estarán excluidos de los tratamientos penales previstos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al incumplir los requisitos para ello.

En virtud de la JEP serán creados salas y tribunales a fin de investigar, juzgar y sancionar a responsables del largo conflicto con premisas como cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios de indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.
La participación en el Sistema integral de verdad, justicia, reparación (a las víctimas) y garantías de no repetición está sujeta a la dejación de armas en los puntos y zonas de transición, previa acreditación de la pertenencia a la organización, amplió un comunicado difundido este viernes por la Casa de Nariño y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Según la declaración, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), mayor guerrilla del país ahora en proceso de desmovilización, deberán entregar listados actualizados con los nombres de sus integrantes.

Las disidencias de ese grupo no cumplen ninguna de estas condiciones, por lo tanto no pueden acceder a los mencionados tratamientos penales especiales y serán investigadas por la justicia ordinaria, insistió la comunicación.

Es decir que quien se salga del proceso de paz perderá todos los beneficios, añadió el texto.

El 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, firmaron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar la confrontación entre ambas partes prolongada durante más de medio siglo.

Tal consenso incluye medidas como el cese el fuego bilateral y el desarme de esa agrupación rebelde.

Aunque no han sido divulgados datos exactos sobre los disidentes de ese movimiento, las FARC-EP expulsaron en diciembre pasado a cinco de sus jefes por ese motivo.

Actualmente sus miembros inician los desplazamientos hacia los puntos y zonas de transición donde ocurrirá el desarme supervisado por un mecanismo tripartito, el cual está conformado por representantes de las FARC-EP, del Ejecutivo y una misión política de Naciones Unidas.

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